El problema que tiene un liberalismo completamente anti-intervencionista es que obvia el hecho de que, al final, la sociedad sufre las consecuencias de determinados desmanes. La dialéctica neo-liberal suele ser la de que el mercado se auto-regula y que el intervencionismo sólo desvirtúa los cursos naturales del mercado que atienden necesidades según van surgiendo. En esa misma línea, se dice en ocasiones: Estas propuestas que he oído toda mi vida por parte de ciertos intelectuales liberales, parten de una falsedad de principio y es que las personas tienen una opinión educada sobre todo lo que les atiene. Es decir, que todos los individuos, según esa teoría, saben muy bien cómo elegir trabajo, seguro sanitario, pensión de jubilación, forma de empresa y demás. Pero eso está lejos de ser cierto. Si un organismo como la Comisión del Mercado de Valores puede ser engañado, ¿cómo no lo va a ser una persona que no sabe ni la diferencia entre una SL y una SA? Las personas en general carecen de información sobre lo que les afecta. Es lógico. Bastante tiene cada uno con saber lo que le ocupa (trabajo, familia y demás), como para tener que formarse en profundidad sobre si AIG tiene un balance de resultados o si está provisionando el fondo de contingencias de seguros. Muchos de estos mismos liberales atacan precisamente la ignorancia del usuario por su falta de interés. Es un planteamiento injusto. Es mercado (en sentido amplio) es un mundo deliberadamente complejo. Si se producen crisis es precisamente porque NADIE tiene toda la información. A partir de esa falsedad inicial, se construyen la idea de que el mercado viene a atender esas carencias generadas. Lo cual es otra falsedad. Hay servicios que no son rentables. La sanidad sólo es rentable tanto en cuanto el usuario pueda financiarla. Si el usuario es incapaz de trabajar y por lo tanto de pagar ese servicio, no habría iniciativa privada alguna que supliese esa demanda. Cualquier servicio de protección ciudadana (bomberos, policía, protección civil) no es rentable. Al mismo tiempo, negar el hecho de que las personas son vulnerables y que pueden perder el trabajo y como consecuencia dejar de producir y por lo tanto incapaces de financiar esos servicios es no querer ver la realidad. Otra verdad que deja de lado es que las consecuencias de la irresponsabilidad en la iniciativa privada las asume la sociedad en su conjunto. El trabajador que pierde su empleo, las empresas proveedoras, los acreedores de esa empresa, el Estado que deja de recaudar impuestos…; la cadena es casi infinita. La iniciativa privada sin supervisión es tan peligrosa como el Estado. Porque el empresario no se sustrae a la condición de individuo con una información limitada. Si yo ahora lanzo una empresa de componentes químicos, de lo que no tengo ni idea, y empiezo a generar negocio (empleados, suplidos, ventas…) y como consecuencia de mi ignorancia me veo obligado a cerrar la empresa, la responsabilidad de lo sucedido es mía, pero las consecuencias son para los terceros. Y esos terceros se han visto envueltos en mi iniciativa porque no tienen la información suficiente para saber si mi empresa tiene visos de ser sostenible o no. Por último, no es cierto que el Estado es un mal gestor. El ente público puede ser un sector muy eficiente si se le elimina de trámites innecesarios y tiene sistemas de gestión empresarial adecuado. Con esto, no quiero decir que el liberalismo no sea adecuado; al contrario. Soy un profundo defensor del liberalismo y de la libertad en la iniciativa privada por añadidura. Lo que creo que es que hay que introducir dos elementos: uno ético y otro legal. El primero es la responsabilidad social de la empresa; no sólo de la iniciativa privada, sino en la pública también. La empresa tiene que ser consciente de que está dando un servicio a la sociedad. Y que como se beneficia de ella también tiene que ofrecer calidad. No sólo en el producto ofertado, sino también los medios empleados. El seguro es el control de gestión. La Administración tiene que tener unos mecanismos de control de gestión de las empresas para evitar desmanes y actuaciones irresponsables. No se tratar solo de que una empresa publique las cuentas anuales, sino de que haya una verdadera supervisión de la gestión que se realiza.
